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lunes, 12 de octubre de 2009

Tráfico de frecuencias en el extinto CONARTEL.- Diario HOY.-

HOY, 15 de enero de 2007.

Entre enero de 2003 y mayo de 2005, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) otorgó decenas de concesiones de frecuencias, al margen de las normas legales que rigen al sector y de las disposiciones constitucionales. Este fue el primero de tres reportajes que mostraban cómo se favorecieron ex diputados, ex ministros varios ex miembros del organismo, y cómo se entregaron sistemas de frecuencias a determinados grupos de poder en las provincias.
'La prensa destapó la corrupción en entrega de frecuencias'

Juan Carlos Solines

Quién es? doctor en jurisprudencia, catedrático de la universidad San Francisco de Quito.
Por mandato de la Constitución de Montecristi, el Gobierno creó una Comisión Auditora de Frecuencias para investigar irregularidades e ilegalidades en las concesiones de frecuencias de radio y de televisión. El hecho fue revelado por la prensa hace varios años.

¿Hubiese existido la Comisión Auditora si la prensa no destapaba estos hechos?

Difícilmente. A pesar de que eran un secreto a voces, siempre se los tapaba porque entre los beneficiarios había radios y televisoras. Gracias a la prensa escrita se puso en evidencia de manera clara y cruda lo que sucedía y esto forzó a la búsqueda de correctivos.

¿Dónde se originaba esta forma de concesionar frecuencias?

En la influencia política, el padrinazgo, el compadrazgo; por ejemplo, para evadir la espera en la prelación de solicitudes, el otorgamiento de frecuencias a pesar de existir informes negativos. El propósito de los actos ilícitos, en unos casos, o irregulares, en otros, muchas veces era político. Eso se evidencia en las concesiones de frecuencias a varios ex diputados.

La Contraloría estableció todo eso pero no señaló responsables.

Pese a que estaba llamada a sancionar y controlar se retractó y cambió las recomendaciones de los borradores, que hablaban de "reversión de frecuencias", por "revisión de procedimientos". Ni siquiera estos informes tibios dieron resultados concretos por las influencias políticas.

Tampoco los ha generado el informe de la Comisión Auditora.

Tiene el mérito de haber realizado un mapeo de todas las irregularidades cometidas y su clasificación por categorías: las que estaban reñidas con la ley, los reglamentos y la Constitución; las que afectaban a terceros; las reñidas con la moral y con la ética...

Pero aún no hay sancionados.

Es que el informe tiene dos problemas: al abarcar todo el tiempo de funcionamiento del Conartel (1995-2009) señala todo tipo de irregularidades pero no diferencia sus niveles de gravedad, los metió a todos en el mismo costal. Además, concluye que todo lo actuado por el ex Conartel es nulo, sin tener potestad ni autoridad para declarar nulidades, ya que solo era comisión de investigación. El informe pierde fuerza por la generalización.

La Fiscalía pudo hacer algo.

Lo único que escuché decir al fiscal fue que se realizaba un análisis para ver los niveles de gravedad; así él puede decidir contra quien se va.

En otro ámbito, el retiro de los "juez y parte" del órgano de control, ¿acabó la politización?

No, con el nuevo esquema creado por decreto ejecutivo -ilegal porque la ley no se modifica por decreto- el Consejo Nacional de Telecomunicaciones fue reemplazado por el Ministerio de Telecomunicaciones. Por su naturaleza, un Ministerio es político puro, ya que un ministro es el brazo político del presidente. Un órgano de regulación debe ser técnico.

¿Cómo analiza el proyecto de ley de comunicación del Gobierno?

Está divorciado de la realidad tecnológica, porque busca acorralar a los medios masivos, pero no toma en cuenta el desarrollo de las comunicaciones por la Internet.

¿Es elitista?

Solo podrán acceder a la información sin censura, quienes tienen acceso a la Internet, pero aún son pocos. (AA)

Así soy yo

Doctor en Jurisprudencia, profesor de Derecho y Nuevas Tecnologías, y Derecho y Telecomunicaciones, en la Maestría de Derecho Administrativo de la USFQ; tiene 41 años.

maestrías en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, y Derecho Internacional Comparado, por la Universidad George Washington; maestría en Administración Pública, Universidad de Harvard.

Miembro del Comité Ejecutivo del Foro de Gobernanza de Internet, designado por secretario General de la ONU.